Los muy deplorables antecedentes del Estado mexicano en los asuntos de justicia y derechos humanos, especialmente en los últimos 10 años, hacen muy creíbles las informaciones periodísticas que hablan de la muy probable participación del Ejército y la Policía Federal, en las desapariciones forzadas y asesinatos de Iguala en 2014. Estos hechos tienen como antecedentes: los asesinatos de estudiantes de Ayotzinapa por medio de francotiradores en la súper carretera a Acapulco el 13 de diciembre de 2011, los asesinatos frecuentes de dirigentes de organizaciones campesinas ecologistas de Guerrero desde 1999 - el 28 de noviembre de 2012 entre 30 y 40 pistoleros seguidos de cerca o acompañados por policías asesinan a Juventina Villa, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra Petatlán y Coyuca de Catalán y a su hijo Reynaldo Santana de 17 años de edad que huyen del acoso de paramilitares y talamontes (La Jornada 29 de noviembre de 2012, p.36, Estados) -, la extraña muerte de Digna Ochoa, la masacre de Agua Blancas en Coyuca de Benítez el 28 de junio de 1995, la "guerra sucia" de los 70 y sobre todo, el viejo odio a las Normales Rurales del país de los políticos mexicanos poderosos y muy especialmente a la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, más autónoma que la UNAM, considerada "reducto de subversivos, guerrilleros marxistas leninistas", por su funcionamiento virtualmente fuera del apoyo del Estado y por sus más famosos estudiantes, los legendarios guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas . Hay que añadir a esta perspectiva que en los últimos 20 años ha sido muy poco clara y cuestionada la actuación del Ejército en la sierra de Guerrero, en los asuntos de la droga y de la tala de árboles.
Por otra parte, la masacre de Tlatlaya que denuncia la revista Esquire, en vista de que hay una testigo de la ejecución de una mujer menor de edad y 21 hombres entre 16 y 24 años, y muy poca evidencia del enfrentamiento del que informa el Ejército, refuerza la sospecha de la existencia de consignas o instrucciones secretas en el Ejercito, para cometer estos crímenes; la denuncia está apoyada en muchas entrevistas, documentos, fotografías, grabaciones. La masacre de Tlatlaya tiene como antecedente otra matanza en 2008 en el mismo municipio, en la que está presente el Ejército, y la gran cantidad de asesinatos atribuidos al Ejército en los últimos años en diversas partes del país que han sido igualmente silenciados por la maquinaria estatal. Para que saliera a la luz una matanza como la de Tlatlaya, ha sido necesario recurrir a medios extranjeros, como Esquire y The Asociated Press y a defensores internacionales de los derechos humanos, como Human Rights Watch. Además, Iguala y Tlatlaya2014 tienen como antecedentes: las masacres de San Fernando y Acteal, y la "guerra sucia" de los 70, el Jueves de Corpus71, Tlatelolco68, entre otras en las que el Ejército y/o la Policía observa(n) las matanzas o las ejecuta(n), confiados en que las procuradurías, los poderes judicial y legislativo y el monopolio televisivo les ofrecen los soportes necesarios, para que queden impunes. "Fue el Estado", ha sido el clamor de las grandes manifestaciones de los meses finales de 2014: los ciudadanos que tienen capacidad de indignación en México no tienen dudas sobre la responsabilidad del Estado en estas masacres y en las desapariciones forzadas. Estamos ahora frente a un Estado con muy poca legitimidad, más dispuesto que nunca antes a realizar las acciones más atroces del mundo, para conservar la moderna corrupción, impunidad y depredación del país instalada por Peña Nieto y los partidos. Votar en 2015 significa apoyar a un Estado mafioso, canalla, enemigo de la Ley que crea cada año peores matanzas y crímenes cada vez más atroces, para aterrorizar a organizaciones autónomas, comunidades y regiones en resistencia contra actos ilegales de los gobiernos, lo que fortalece a las organizaciones criminales, lleva el terror y el desastre de la seguridad personal en más de 20 estados del país, degrada totalmente el ambiente político, económico, social y ambiental. Significa apoyar las matanzas "quirúrgicas", "ejemplares", ordenadas por el gobierno federal a organizaciones criminales-paramilitares, carteles del narco-, observadas de cerca por el Ejército y la Policía Federal y avaladas en los hechos por los poderes judicial y legislativo, con el fin de conservar la gran corrupción, impunidad e ilegalidad en la que se desenvuelve el Estado mexicano desde hace décadas. Es urgente detener esta tendencia suicida, intolerable.
Iguala y Tlatlaya 2014, motivo suficiente para no votar en 2015
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