El caso de la contaminación de ríos de Sonora (creo Sonora y Bacanuchi) abre muchas líneas de reflexión. Por lo que tengo conocimiento de este derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado (supongo que está mezclado con ácido sulfúrico, un contaminante terrible) causado por el Grupo México, puede implicar enfermedad y muerte de plantas, animales y personas, por muchos años, en un territorio de más de 5,000 kilómetros cuadrados. Estimo que ni 50,000 millones de pesos pueden compensar en algo esta perdida. Sobre todo el derrame ocasionará un gran daño debido a la ineptitud, corrupción y negligencia del gobierno federal y de Sonora que impedirán ofrecer respuestas adecuadas a la gravedad de la situación. Ya el caso de la presa en el rancho de Padrés sirve de cortina de humo para ocultar la gravedad del derrame del Grupo México. El accidente estaba anunciado, hubo muchas denuncias previas; se le han perdonado muchos accidentes a esta empresa criminal; dado la actitud arrogante de su principal accionista-Larrea- hay que pensar que tiene un acuerdo bajo el agua con los presidentes de la Republica o ellos le tienen miedo por alguna razón especial. Larrea ha producido un gran daño al país desde hace algunos lustros. Las empresas mineras, especialmente el Grupo México, tienen algunos grandes protectores políticos entre los que creo están Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y desde luego Peña Nieto. Las concesiones mineras, petroleras, hídricas deben ser seguramente el gran botín de los presidentes de la Republica y del gabinete económico. Les deben depositar mucho dinero a cada uno de ellos en paraísos fiscales. La destrucción en Sonora producida por este derrame debe ser escandalosa, si tomamos en cuenta la reacción de Peña Nieto. Estimo que no menos de 30,000 personas tendrán detenidas o muy alteradas sus actividades por espacio de muchos meses. Desde luego, los afectados ambientales de Sonora deberían unirse para fortalecer su resistencia. Es muy importante apoyar a nuestro compañero en Sonora: Isabel Dorado Auz.
Un derrame de este tipo debería generar inmediatamente varias acciones correctivas, como: pena corporal de varios años para los cinco ejecutivos mas importantes de la planta y de la empresa responsable del derrame, incluyendo al director general; cancelación de la concesión; creación de un fondo para cubrir la rápida limpieza de los ríos ( 15 días máximo, para tener contenida la contaminación), cobertura mensual de los daños ocasionados a los vecinos de los pueblos junto o cerca de los ríos y los daños que aparezcan en los próximo 10 años; embargo de bienes de la empresa (requisa) , para crear el fondo de cobertura de daños y licitación de nueva concesión . Grupo México debería perder todas sus concesiones por su reiterada negligencia en asuntos de seguridad laboral y ecológica. Cuando hay destrucción ecológica de una empresa existe previamente la destrucción de la salud de los trabajadores. Sin embargo, no hay buenas leyes ambientales en México, ni funcionarios públicos eficaces en su trabajo, por la falsa representación popular que hay en la presidencia de la Republica y el Congreso.
La minería, la industria petrolera, la generación de electricidad están en las grandes ligas de la destrucción ecológica de la Tierra y destrucción del tejido social. Sus supuestos beneficios sociales son inexistentes: el daño social y ambiental que producen es mucho mayor a los impuestos que pagan y la derrama en sueldos, prestaciones y otros gastos. Son el peor negocio que puede hacer el gobierno mexicano y la sociedad. Sin embargo, la banca internacional (Wall Street, la City), gran beneficiaria de estas industrias, tiene tanto poder que no sólo impone a los presidentes de la mayor parte de los países, sino que bloquea a cualquier político que quiera cambiar esta situación. Nuestro país, por su posición estratégica mundial- junto al país más poderoso del mundo- fue sometido desde hace mas de 30 años a las nuevas reglas de mundo neoliberal que exigen la sobreexplotación de la naturaleza y del ser humano, lo que a su vez exige la existencia de estados canalla que se sostienen por la manipulación mediática y la violencia generalizada en gran escala: narcotráfico, desaparición de personas, feminicidios, militarización, decenas de miles de granaderos y cientos de miles de policías, cientos de reclusorios, espionaje de las comunicaciones de los ciudadanos conscientes de la situación, mafia de jueces y magistrados, entre otras monerías.
Todo indica que los desastres ecológicos y sociales se multiplicarán en los próximos años, así como la resistencia popular al estado canalla en el que vivimos.
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Miguel Valencia
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